La suspensión por tiempo indeterminado del servicio de practicaje y pilotaje comenzó a afectar el ingreso y la salida de buques en los principales puertos del país. La medida es una respuesta al nuevo decreto del Gobierno nacional, que modifica el régimen de la actividad con el objetivo de aumentar la competencia y reducir los costos logísticos
La actividad portuaria argentina atraviesa uno de sus momentos más delicados de los últimos años. Desde este domingo, los prácticos, pilotos y baqueanos iniciaron un paro por tiempo indeterminado que interrumpe la asistencia obligatoria a los buques que ingresan y egresan de los puertos nacionales, generando demoras en la operatoria marítima y fluvial.
El conflicto se desató tras la entrada en vigencia del Decreto 690/2026, impulsado por el Gobierno nacional, que introduce una profunda reforma al régimen de practicaje y pilotaje con el propósito de desregular la actividad, fomentar la competencia entre prestadores y reducir los costos del transporte marítimo y fluvial.
Entre las principales modificaciones, la nueva normativa crea un registro abierto de prácticos habilitados administrado por la Prefectura Naval Argentina, permite una mayor libertad para contratar el servicio, elimina algunas restricciones para el ingreso de nuevos profesionales al sistema y faculta a la Agencia Nacional de Puertos y Navegación a establecer tarifas máximas y exigir la publicación de los valores cobrados, buscando una mayor transparencia en el mercado.
Desde el Gobierno sostienen que estas medidas apuntan a mejorar la competitividad de los puertos argentinos, reducir costos logísticos y eliminar barreras de ingreso que, según consideran, limitaban la competencia dentro de un servicio esencial para la navegación.
Sin embargo, los prácticos rechazan la reforma y aseguran que varios de los cambios afectan directamente la seguridad de la navegación. Entre sus principales cuestionamientos figuran la ampliación de las exenciones al uso obligatorio del práctico, la posibilidad de que determinados capitanes extranjeros acrediten mediante declaraciones juradas el conocimiento de las rutas navegables para operar sin asistencia profesional y modificaciones en las condiciones de embarque y desembarque de los prácticos.
Las entidades que representan a los profesionales consideran que el practicaje no puede analizarse únicamente desde una perspectiva económica, sino que constituye un servicio estratégico para prevenir accidentes en zonas complejas como el Río de la Plata, la Hidrovía Paraná-Paraguay y los accesos a los principales puertos del país. En ese sentido, anticiparon que impulsarán acciones judiciales para intentar frenar la aplicación del decreto.
La medida de fuerza ya comenzó a repercutir sobre la logística portuaria. Sin la presencia de prácticos habilitados, numerosos buques permanecen fondeados a la espera de poder ingresar o zarpar, situación que podría afectar la cadena de exportaciones e importaciones si el conflicto se prolonga durante los próximos días.
El servicio de practicaje y pilotaje está regulado en Argentina por el Decreto 2694/91 y sus posteriores modificaciones. La normativa establece que, en determinadas zonas consideradas de practicaje obligatorio, los buques nacionales y extranjeros deben contar con un práctico a bordo para asesorar al capitán durante las maniobras de navegación y atraque, una función considerada fundamental para la seguridad marítima.
Mientras el Gobierno defiende la reforma como un paso necesario para modernizar el sistema portuario y reducir costos, los profesionales del sector advierten que cualquier flexibilización debe preservar los estándares de seguridad que históricamente caracterizaron a la navegación comercial argentina. La evolución de las negociaciones será determinante para conocer cuándo podrá normalizarse una actividad clave para el comercio exterior del país.
Fuente: Infobae
