Además, notificaron deudas del Impuesto a las Embarcaciones Deportivas por un monto total de $25 millones.
Equipos de fiscalización de la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) y de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) intimaron a los dueños de 37 yates y veleros que no estaban registrados ante el fisco y notificaron deudas del Impuesto a las Embarcaciones Deportivas por un monto total de $25 millones, durante un operativo realizado en una guardería náutica de San Isidro.
En un comunicado, ARBA precisó que la fiscalización fue coordinada por Gaspar Spiritoso, subdirector de Acciones Territoriales y Servicios de ese organismo, quien subrayó que “los controles se desarrollaron en conjunto con la AFIP”, y explicó que “este trabajo articulado apunta a reducir la evasión y el incumplimiento en sectores de mayor capacidad contributiva”.
En ese sentido, destacó: “En el marco del operativo de verano, profundizamos la fiscalización sobre construcciones de lujo sin declarar, autos de alta gama con deudas de patente y, como en este caso, embarcaciones deportivas no registradas o con varias cuotas impagas”.
Los $25 millones de deuda notificada en la guardería de San Isidro correspondían a 203 titulares de yates, veleros, lanchas y motos de agua que tenían cuotas impagas del Impuesto a las Embarcaciones Deportivas.
Además de labrar intimaciones por las irregularidades encontradas, los agentes efectuaron un relevamiento físico de las embarcaciones amarradas y verificaron la situación tributaria de los responsables de la guardería náutica.
Ese tipo de establecimientos tiene la obligación de informar al fisco las matrículas de todas las embarcaciones que amarran en el lugar. Posteriormente, esa información se cruza con la base de datos de la Agencia de Recaudación para detectar aquellas no registradas.
Con ese cruce de datos y fiscalizaciones presenciales, a lo largo de 2021 ARBA consiguió detectar 3000 embarcaciones que estaban sin declarar e intimó a más de 37.000 contribuyentes que debían $2790 millones del impuesto a esos bienes.
Fuente: La Nación
