La resolución determina que distintas propuestas educativas impartidas por la fuerza federal dejarán de ofrecerse de manera gratuita, en el marco de la aplicación del denominado “principio de no gratuidad” de los servicios brindados por el Estado nacional
En ese sentido, la Prefectura Naval Argentina resolvió implementar el cobro de aranceles para los cursos que se dictan en sus diferentes ámbitos académicos. La medida alcanza a la Escuela Superior, las Escuelas de Formación de la Marina Mercante, la Escuela Nacional de Salvamento y Buceo y el Centro de Extensión Náutica Deportiva.
Desde la institución explicaron que varias de las capacitaciones ofrecidas demandan una utilización constante de recursos humanos, equipamiento especializado e infraestructura, lo que respalda su incorporación a un sistema tarifario.
La normativa sostiene que la decisión se apoya en el principio de no gratuidad de los servicios estatales, contemplado en el Decreto 1757/90, el cual establece que las tareas o prestaciones realizadas por organismos del Estado deben ser retribuidas mediante aranceles.
Asimismo, se indica que los fondos recaudados serán considerados “recursos propios”, de acuerdo con lo establecido por la Ley de Administración Financiera N.º 24.156, y se destinarán a solventar los costos necesarios para el desarrollo de las funciones institucionales.
El esquema de arancelamiento comprende una amplia gama de programas de formación técnica y profesional previamente aprobados por la Dirección de Educación de la fuerza, entre los que se encuentran cursos de la Escuela Superior, capacitaciones para personal embarcado de la Marina Mercante, programas de salvamento, buceo, control de averías, lucha contra incendios y protección ambiental, además de propuestas vinculadas a la náutica deportiva y recreativa, junto con su correspondiente implementación administrativa.
La disposición también instruye a incorporar los nuevos valores al tarifario institucional, integrarlos al reglamento de recaudación vigente y actualizar los sistemas informáticos destinados a su cobro. En ese contexto, se aclara que los importes específicos figuran en los anexos técnicos que forman parte de la normativa.
Con esta medida, la Prefectura apunta a asegurar la continuidad y sustentabilidad de su oferta educativa, preservando niveles de capacitación acordes a estándares reconocidos tanto en el ámbito nacional como internacional.
Fuente: Primera Edición
